El nuevo organismo será autárquico, por lo que no dependerá de las autoridades designadas por Alberto Fernández en el ministerio de Justicia.

A pocos días de dejar el poder, el gobierno de Mauricio Macri creó -a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU)- la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados, un ente autárquico que no dependerá directamente de las autoridades designadas por Alberto Fernández en el ministerio de Justicia.

La medida, publicada este viernes en el Boletín Oficial, eleva el rango del antiguo Programa de Protección a Testigos, que será presidida por un director nacional propuesto por el Ministerio de Justicia y elegido por el Poder Ejecutivo Nacional y contará con un consejo consultivo integrado por el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, un representante de la Procuración General de la Nación y a un integrante del Ministerio de Seguridad.

«Se ha vuelto necesario efectuar un reordenamiento institucional orientado a fortalecer su accionar y garantizar las condiciones para su actuación independiente», apunta el decreto en sus considerandos.

El documento fue firmado por el presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; los ministros Rogelio Frigerio (Interior), Oscar Aguad (Defensa), Germán Garavano (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad), Carolina Stanley (Salud y Desarrollo Social), Guillermo Dietrich (Transporte), Alejandro Finocchiaro (Educación), Dante Sica (Producción y Trabajo) y Hernán Lacunza (Hacienda); el secretario Luis Miguel Etchevehere (Agricultura, Ganadería y Pesca), y el canciller, Jorge Faurie.

El objetivo de la Agencia será garantizar la seguridad de quienes colaboren “de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal”.

Entre otras responsabilidades, el nuevo ente deberá ordenar y hacer cumplir ciertas «medidas especiales de protección», las cuales podrán incluir desde la custodia personal hasta el cambio de domicilio y la entrega de una identidad falsa para los sujetos que ayuden en determinadas investigaciones.

El Programa de Protección a Testigos e Imputados había tomado notoriedad en los últimos años por estar ligado a casos de corrupción como Ciccone o la causa de los cuadernos. Oscar Centeno, Leonardo Fariña, Alejandro Vandenbroele y Víctor Manzanares fueron algunos de los involucrados. En total, hay unas 200 personas bajo protección del Estado.

El Comercial

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