Durante nueve audiencias, hablará el fiscal Diego Luciani. En el inicio, dijo que Néstor y Cristina Kirchner montaron “un auténtico y eficaz sistema de corrupción”.

El juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, donde se juzga a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros doce imputados, se reanudó este lunes con el inicio del alegato fiscal, que se extenderá durante nueve audiencias.

Tras el receso judicial de invierno, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 escucha en su rol de parte acusadora al fiscal de juicio Diego Luciani, quien ya anticipó que expondrá durante nueve audiencias, a razón de tres por semana.

EL FISCAL APUNTÓ CONTRA CRISTINA Y NÉSTOR KIRCHNER

El fiscal Diego Luciani sostuvo que hay una “enorme prueba relevante” para formular acusación en el juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, período en el cual afirmó que funcionó una “asociación ilícita” encabezada por quienes “se desempeñaron como jefes de Estado”.

Luciani comenzó pasadas las 8.30 su alegato final ante el Tribunal Oral Federal 2 en el juicio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros 12 acusados por supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez.

“Este Ministerio Público Fiscal tiene por acreditado que, entre los años 2003 y 2015, funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares” y que tuvo “en la cúspide como jefes a quienes se desempeñaron como jefes de Estado e integrada por distintos funcionarios públicos”, argumentó el fiscal.

Luciani agregó que “al asumir Néstor Kirchner y luego su esposa Cristina Elizabeth Fernández instalaron una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se han instalado en el país”, con “ausencia absoluta” de controles.

El fiscal comenzó su alegato con una crítica a la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF), que en su alegato final el mes pasado pidió absolver a todos los acusados por falta de pruebas

“No podemos menos que catalogar su trabajo como temerario, poco serio y hasta irresponsable”, sostuvo Luciani

El fiscal empezó su alegato con una fuerte acusación contra Cristina Kirchner y su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner: los acusó de haber montado “un auténtico y eficaz sistema de corrupción”. Dijo que tiene por acreditado que funcionó en el seno del estado una asociación ilícita, de la que los responsabilizó.

También se refirió a Lázaro Báez, “socio comercial de Néstor Kirchner y de su esposa”.

En el Zoom se ve a Cristina Kirchner en su despacho del Senado, vestida de blanco y con una bandera argentina detrás. En la imagen de todos los conectados aparecen también los exfuncionarios nacionales que son juzgados junto a ella -entre ellos, Julio De Vido y José López- y el empresario Lázaro Báez.

OBRA PÚBLICA: ALEGATOS CONTRA CRISTINA KIRCHNER Y LÁZARO BÁEZ

En la última jornada previa a la feria judicial que comenzó el 18 de julio, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la absolución por falta de pruebas de los 13 acusados, al descartar la existencia de sobreprecios en las obras públicas viales que se adjudicaron a empresas del también acusado Lázaro Báez en ese período.

El organismo consideró “irresponsable avanzar en la acusación” por los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita, planteó inconsistencias en las pericias y reclamó absoluciones.

Con esta postura, la única voz acusadora que quedó en el debate es la del fiscal Luciani, quien según fuentes judiciales considerará que hay pruebas para formular pedidos de pena.

Tanto la vicepresidenta como los restantes juzgados tienen obligación de presenciar las audiencias en esta etapa de alegatos, aunque como el debate se realiza por videoconferencia pueden conectarse a través de la plataforma Zoom.

El juicio se realiza de manera virtual desde agosto de 2020, pero los tres jueces, Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, están presentes en una de las salas de audiencias de los tribunales federales de Retiro, en Comodoro Py 2002.

QUÉ SE INVESTIGA EN LA CAUSA DE LA OBRA PÚBLICA

En la causa se debate si el empresario Lázaro Báez resultó beneficiado con la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz durante las gestiones kirchneristas y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.

Además de la vicepresidenta, son juzgados el propio Báez, dueño de “Austral Construcciones”; el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obra Pública José López.

También son juzgados exfuncionarios de Vialidad Nacional y de la delegación de Santa Cruz de ese organismo, entre ellos Carlos Kirchner, Mauricio Collareda y Abel Fatala.

Según la acusación fiscal, empresas pertenecientes al grupo “Austral Construcciones” de Báez resultaron adjudicatarias de 51 obras públicas viales en esa provincia del sur del país con supuestos sobreprecios y falta de capacidad para llevarlas adelante.

La Oficina Anticorrupción (OA) era querellante en la causa pero desistió de ese rol y de presentar acusación, por lo cual tras la presentación de la fiscalía llegará el turno de las defensas.

El juicio comenzó el 21 de mayo de 2019: declararon 114 testigos en 117 audiencias y tuvo una suspensión de casi medio año en 2020 por la pandemia de Covid-19.

Al prestar declaración indagatoria al inicio del debate, y cuando todavía era presencial, Cristina Fernández de Kirchner negó su responsabilidad en el caso, sostuvo que “fue un plan ideado por el Gobierno saliente” de Mauricio Macri y que la causa “forma parte del lawfare”.

La estructura de la maniobra se basó en una presunta “operatoria criminal”. La misma se conformó desde diversos “organismos estatales vinculados a la obra pública” que tuvo como finalidad “la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional (casi el 80%) de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz”.

Ese conjunto de obras, el 11% del presupuesto general de Vialidad Nacional, terminó en manos del holding de Báez gracias a un esquema “de beneficios exclusivos”. La imputación sostiene que el dueño del Grupo Austral se convirtió en el “empresario de obra pública vial más beneficiado” por las “gestiones kirchneristas”. Hay dos números que sustentan esto: su patrimonio creció un 12.000% y el de su empresa, un 46.000%, según los informes tributarios.

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