El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, presentó una denuncia penal en la que sostiene que cerca del 50% de los comedores y merenderos populares que recibían apoyo estatal son «inexistentes», y que uno de ellos incluso «funcionaba» en un barrio privado.
La denuncia se refiere a los comedores que formaban parte del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre, presentado el 8 de enero de 2020 como un plan nacional para garantizar la seguridad alimentaria a sectores vulnerables y garantizar el acceso a los alimentos y las prestaciones para merenderos y comedores comunitarios.
Bajo la dirección de Sandra Pettovello, la investigación ministerial reveló que de más de 2.600 establecimientos, la mitad presentaron irregularidades y no pudieron ser validados como comedores y merenderos, lo que evidenció un «descontrol» del estado nacional respecto al flujo de alimentos, según indicaron en el informe. A esto sumaron las denuncias por prácticas extorsivas y una serie de allanamientos dispuestos por la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal.
Los datos surgen de las auditorías que realizó la cartera que conduce Pettovello y del Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (Renacom).
